En los modernos estados constitucionales, los derechos de las personas cumplen un valioso papel para la legitimidad e integración social y política, en medio de experiencias diversas y pluriculturales. De una parte, los derechos resguardan espacios de autonomía que permiten a los individuos desarrollar libre y responsablemente su vida, y de la otra, imponen al orden político límites y exigencias que debe alcanzar para lograr un extenso e igualitario goce de los derechos.

Es, entonces, de la esencia de una política nacional en materia de derechos humanos, no sólo crear y fortalecer los medios o acciones que garantizan los derechos (lo que es indispensable), sino que, además, impulsar políticas concretas para corregir las instituciones jurídicas, económicas o sociales que no los garantizan, y erradicar los obstáculos que niegan a extensos sectores sociales acceso a los medios necesarios para disfrutar esos derechos. Toda política de derechos humanos debe contribuir a erradicar, además, y por ello, las instituciones discriminatorias e injustas, el despilfarro de recursos públicos, el clientelismo y la corrupción.

Dada la entidad y posición de los derechos es esencial hablar de una política de Estado en materia de derechos humanos. Por exigencia de la Constitución, éste debe “respetar” y “promover” los derechos, idealmente a través de políticas sociales integradoras. Lo anterior, en un contexto de una sociedad civil cada vez más atenta, comprometida y organizada, que exige compromisos y políticas institucionales orientadas por estos ideales y fiscaliza de cerca el cumplimiento de estándares altos en materia de respeto, promoción y acatamiento de los derechos de las personas.

Una política de Estado en materia de protección y promoción de los derechos fundamentales o humanos impone tener presente las distintas dimensiones de los derechos y preocuparse, al menos, de los siguientes aspectos:

(1) Una acción deliberada orientada a fortalecer y ampliar los derechos de las personas, reforzando su consagración normativa e institucional, incluyendo figuras y dimensiones de ellos no cubiertas institucionalmente y así asegurar una sociedad más plural e integrada.

(2) Sostener una política acerca de las violaciones a los derechos humanos en el pasado orientadas por los valores de verdad, justicia y reconciliación.

(3) Corregir o erradicar las trabas, requisitos, normas e instituciones que impiden la plena vigencia y disfrute de los derechos de las personas.

(4) Fortalecer las instituciones, acciones, procedimientos y prácticas de tutela y protección de los derechos fundamentales.

(5) Generar una fuerte política cultural y de difusión de los derechos humanos para un mejor conocimiento y difusión en la sociedad civil.

(6) Ampliar la política de inserción de Chile en la comunidad internacional.

Tales preocupaciones elementales son las que han orientado el trabajo del Grupo Tantauco que elaboró el programa de gobierno de Sebastián Piñera en este ámbito. Lo cierto es que, de cara al Bicentenario, creemos que cada uno de dichos ejes se convierte en una pieza fundamental en la consolidación de una genuina política de Estado para los derechos humanos.

Así, quienes han elaborado dicho programa de gobierno, desde sus distintos ámbitos profesionales han coadyuvado en la concreción de logros concretos muy relevantes para ese objetivo país. Así, Sebastián Piñera y el Grupo Tantauco se han comprometido decididamente con la incorporación de Chile a la Corte Penal Internacional, que persigue los crímenes internacionales más graves, crueles e inhumanos, incluyendo el histórico proceso de tipificación de dichos delitos en la ley penal chilena, todo lo cual ha sido señalado como un proceso ejemplar por los países ratificantes y constituye un paso fundamental para la situación internacional de Chile y su compromiso con el “nunca más”, donde sea que puedan existir graves violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, merecen un comentario particular las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la historia reciente de Chile. Surge la necesidad de evaluar la política de derechos humanos seguida por el Estado durante los últimos años. Estimamos que ella debe iniciar una nueva etapa, en la cual la orientación central de la política esté en la reconciliación, lo que no implica en lo absoluto abandonar los objetivos de verdad y reparación que se han mantenido como aspectos centrales de ésta en el pasado. Dicha orientación supone la intención de traer paz, humanidad y justicia en el corazón de muchas personas, sin pasar jamás por alto el derecho de las personas a conocer la suerte o paradero de sus parientes. Por ello es que la formulación de ese énfasis no debe confundirse con puntos finales u otras figuras que hagan olvidar los ejes de la política anterior. Sin embargo, creemos firmemente que la nueva política se debiera orientar a poner los cimientos para una efectiva reconciliación y justicia, desarrollados sobre la base de un consenso nacional, diálogo para el cual con espíritu republicano han estado disponibles Presidentes recientes de Chile, así como la Presidenta Bachelet y, desde luego, Sebastián Piñera.